Las organizaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social inciden en sus reivindicaciones ante la crisis social por el COVID-19

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EAPN Galicia valora positivamente que la Xunta atienda sus demandas, adelantando el pago de la RISGA, facilitando mascarillas a personas vulnerables y reduciendo requisitos burocráticos.
Las entidades sociales están constatando el agravamiento de la situación de las personas más afectadas durante la pasada crisis económica: mujeres, juventud e infancia, especialmente a aquellas con otros factores de exclusión añadidos.
Entre las demandas inmediatas de la red está avanzar en las medidas de emergencia, potenciar la coordinación entre administraciones y con las entidades del Tercer Sector Social, especialmente en el ámbito local, multiplicar el presupuesto de vivienda, trabajar contra la exclusión residencial y fortalecer la reducción drástica de la burocracia.

 

La Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Galicia) valora positivamente la decisión del gobierno gallego de adelantar el pago de la RISGA así como el suministro de mascarillas a 700.000 personas en situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, agradece la flexibilización y reducción de requisitos burocráticos en las solicitudes y renovaciones de la RISGA, igual que el avance en el reconocimiento del esfuerzo y responsabilidad de las profesionales de las administraciones y organizaciones de acción social que formamos parte del sistema público de servicios sociales gallego.

Estas son algunas de las demandas planteadas por la EAPN Galicia en el proceso de interlocución con la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social para transmitir de forma continua las necesidades detectadas desde las entidades de acción social gallegas. A estas demandas, se suman otras como facilitar material de protección al personal profesional y voluntario, o favorecer la flexibilidad de adaptación de convocatorias a los gastos extra que la pandemia está provocando en un creciente número de personas empobrecidas.

Asegurar la reconstrucción tras la emergencia humanitaria

La pandemia agravó la situación de las personas más afectadas durante la pasada crisis económica que apenas se beneficiaron de la recuperación: mujeres, juventud, niños y niñas. Pero está afectando especialmente a aquellas con otros factores de exclusión: familias monoparentales (con mujeres solas a cargo de varios hijos), discapacidad, mujeres víctimas de violencia machista (en especial la más extrema por prostitución o trata), etnia, personas mayores -especialmente con alguna dependencia-, personas migrantes o refugiadas y, en general, aquellas personas que malvivían de la economía informal o precariedad laboral y que se quedaron sin ningún tipo de ingreso económico ni posibilidad de pedir ayuda a administraciones en muchos casos. Y con agravantes cuando estas personas viven en el ámbito rural.

Es imprescindible que la Xunta de Galicia siga planteando ayudas de emergencia para este tipo de situaciones mientras no se perciba el impacto de las medidas estatales, bien de forma directa o a través de ayuntamientos y entidades de acción social. Medidas como becas comedor, prestaciones a víctimas de violencia machista (en especial de prostitución o trata) o equipos informáticos para reducir la brecha digital en el ámbito educativo, van en esta línea.

La experiencia de otras emergencias sociales nos muestra que la cronificación de la pobreza y de la exclusión se puede evitar si tras una primera fase de atención urgente de las necesidades básicas, se pasa cuanto antes a medidas no asistencialistas basadas en la inclusión y en la garantía de ingresos, como puede ser a través del empleo digno o de prestaciones sociales efectivas y ágiles. Siempre con las premisas de defensa de derechos y respeto a la dignidad de las personas.

Demandas inmediatas: Ingreso Mínimo Vital, vivienda, coordinación y burocracia

Ante la avalancha de necesidades en los servicios sociales de los ayuntamientos cuando finalice el confinamiento no se pueden permitir listas de espera ni bloqueos en la atención de emergencia a las familias. Se deben generalizar y convertir en norma permanente los ejemplos de reducción burocrática y la implicación de las ONG de acción social con enfoque de derechos y sus profesionales en todos los procesos de inclusión social.

Es imprescindible la prevista implantación de un Ingreso Mínimo Vital a nivel estatal entendido como un derecho subjetivo, tal y como llevan demandando desde hace años las más de ocho mil ONG integradas en la red EAPN España.

No obstante, este Ingreso Mínimo solo será efectivo si se hace de forma consensuada con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y las redes que articulan el Tercer Sector de Acción Social, asegurando que el ingreso estatal se complementa desde la Xunta de Galicia hasta el umbral de la pobreza, especialmente en aquellas familias con niños, niñas o personas dependientes, evitando el peligro de colapso de los servicios sociales comunitarios por el aumento de la burocracia.

La Xunta de Galicia debe multiplicar inmediatamente sus escasos presupuestos en el ámbito de la exclusión residencial y vivienda, reforzando las medidas previstas desde el gobierno central. Esta escasa ambición está imposibilitando la eficacia del aumento presupuestario y esfuerzo de la Consellería de Política Social.

Es preocupante la débil coordinación entre las administraciones públicas gallegas, nombradamente entre la Xunta, los ayuntamientos, las diputaciones y las organizaciones de acción social, o con diferencias notables entre ayuntamientos y diputaciones. Esto está provocando redundancias y una pérdida notable de la eficacia y la calidad de la atención a las personas más vulnerables. Se debe avanzar en la creación inmediata de mesas locales de coordinación de la acción social.

Diálogo civil en la reconstrucción económica.

Las entidades de acción social son parte y garantía del sistema público de servicios sociales y están prestando un servicio esencial en primera línea contra la pandemia, desarrollando una labor de asistencia de urgencia, informativa y preventiva con las personas más afectadas por la crisis provocada por el coronavirus. La interlocución normalizada con las administraciones públicas, en especial en el ámbito estatal y autonómico, debe estar asegurada para garantizar también que la búsqueda del lucro no vuelva a ser una clave de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Más información:
http://eapn-galicia.com/coronavirus/

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