Las personas en pobreza o vulnerabilidad denuncian la condena a la exclusión financiera al negarles en muchas entidades bancarias el derecho a una cuenta bancaria básica gratuita, embargando cuentas a perceptoras de rentas mínimas o cargando comisiones abusivas.

En la campaña #AporofobiaBancaria y en el seminario «Inclusión financiera: enfoque de derechos o aporofobia bancaria?» se presentaron las conclusiones y demandas del informe «Inclusión financiera para el desarrollo sostenible», la primera investigación detallada sobre este problema en la que participaron 348 personas afectadas en toda España, la mitad gallegas.

«Decisiones políticas y económicas nos llevaron a una situación de exclusión financiera insostenible para millones de familias. El Banco de España y el Ministerio de Economía deben afrontar la aporofobia bancaria y garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso al sistema bancario y financiero«, declaró el presidente de EAPN España y EAPN Europa, Carlos Susías, en la inauguración de la jornada ‘Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria?, organizada el 9 de febrero junto a EAPN Galicia. Desde la red gallega se coordinó también la campaña en redes sociales que se lanzó este mesmo día con el hashtag #aporofobiabancaria.

En la jornada se presentó el informe ‘Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, un enfoque de derechos en el proceso de reconstrucción post pandemia', la primera investigación específica sobre las principales causas de las dificultades financieras encontradas por los hogares en el contexto de crisis social y económica derivada de la pandemia, analizando la gestión de los recursos, la situación de endeudamiento de las personas, el acceso a la banca y a los servicios bancarios, así como los problemas de pérdida de servicios en las zonas rurales.

Graciela Malgesini, coordinadora de esta investigación junto a Siara Sánchez destacaron que más de 37 millones de personas carecen de acceso en toda Europa a servicios financieros formales y están en situación de exclusión financiera (un millón en España). Solo Dinamarca y Finlandia, tienen al 100% de la población totalmente incluída en el sistema financiero.

Según el INE, en el 2021, el 35,4% de la población no podía afrontar un gasto imprevisto de 650 euros, el 45,1% llega con alguna o mucha dificultad a fin de mes y el 12,2% tiene atraso en el pago de los gastos de la vivienda habitual. La pandemia agravó la situación de ‘»distrés financiero» (hogares obligados a usar sus ahorros o a pedir dinero prestado al carecer de renta disponible) en la que vive el 7,3% de la población en España (1.329.863 hogares).

Causas de exclusión al acceso de una cuenta bancaria

La investigación, realizada sobre una muestra 348 personas en situación de vulnerabilidad social, reveló que casi la mitad (47,6%) sufrieron en el último año un gran incremento de las comisiones por servicios de su entidad bancaria; el 44,2% aseguró que las condiciones de su cuenta empeoraron y le quitaron bonificaciones y al 20,2% se les denegó su solicitud de apertura de una cuenta bancaria.

Las principales causas de exclusión al acceso de una cuenta bancaria señaladas por las personas encuestadas son:

• Desde las entidades bancarias les piden requisitos que no pueden cumplir (80%).
• El 60% queda excluído debido a que sus ingresos son muy escasos.
• El 20% tiene miedo a operar por Internet.

A esta discriminación en el acceso se le une otro concepto clave: la violencia administrativa', que hace referencia al trato distante, prejuicioso, sin empatía ni calidad por parte de la administración pública o de las entidades bancarias encargadas de atender a las personas sin recursos o en vulnerabilidad. Por ejemplo:

• La tramitación en línea se está priorizando frente a la atención presencial.
• En el ámbito rural no se cumple con el principio de igualdad, porque la población no tiene acceso a la atención.
• Los trámites son demasiado complejos, y que no tienen recursos para pagar un servicio de defensa legal que los apoye, lo cual los lleva a abandonar las reclamaciones.

En la jornada, Fernando de Andrés, secretario general de la Defensora del Pueblo de Galicia, llamó la atención sobre los colectivos que más están sufriendo el aumento de la exclusión financiera: «personas mayores, migrantes y refugiadas o perceptoras de pensiones o rentas mínimas de bajo importe, trasladan repetidamente su preocupación por las dificultades para acceder a cuentas básicas gratuítas, el cobro de elevadas comisiones bancarias o el embargo indebido de prestaciones«.

Carlos San Juan, promotor de la campaña #SoyMayoNoIdiota, explicó el éxito de la misma, y el compromiso del Gobierno frente al trato de los bancos, tras conseguir 600.000 firmas de apoyo. «Esta campaña nació del monopolio digital de las entidades bancarias. La digitalización es importante, pero lo más urgente es recuperar la atención humana y personal en las entidades bancarias. Así se lo trasmitimos a la ministra Calviño«.

Manuel Pardos, presidente de ADICAE, destacó como «impactó la pandemia en el sobreendeudamiento familiar. Un problema que lleva más de 20 años enquistado y que afectó a millones de personas en España. La alfabetización financiera debe ser una prioridad para la banca«.

Por último, Sol Vázquez, gerente del Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, destacó «las carencias de información de los consumidores para acceder a la cuenta de pago básica. A pesar de que la normativa obliga a las entidades de crédito a informar sobre las cuentas de pago básicas, existe un incumplimiento generalizado de tales deberes de información. El acceso al sistema bancario y financiero es un servicio esencial, por lo que deben corregirse todas las dificultades de acceso y exigir su cumplimiento. La normativa debe proteger a las personas consumidoras, en especial a las más vulnerables«.

Propuestas ante la situación de exclusión financiera

Demandas contra la exclusión bancaria. Encuentro Gallego de Participación 2021

Para hacer frente a esta situación, desde EAPN se plantean varias demandas, bastantes de ellas propuestas por las propias personas afectadas en el pasado Encuentro Gallego de Participación:

• Una intervención amplia de los gobiernos central y autonómicos para erradicar la pobreza entre la población que trabaja y la que está desempleada o inactiva.
• El Gobierno debería garantizar la operatividad de la cuenta básica, tal como obliga la ley. También es necesario establecer que las entidades bancarias no apliquen comisiones por cobro de servicios a las cuentas con menores cuantías.
• El Gobierno debería mejorar la opción de la bancarrota personal, para que las personas afectadas por falta de pagos puedan volver a empezar y que no les queden arrastrados por el endeudamiento durante toda la vida, incluyendo las de sus descendientes, quien hereda sus deudas.
• El Gobierno debería lanzar una campaña de acceso a las competencias digitales, para evitar que las personas no puedan acceder a servicios básicos por carecer de los conocimientos o instrumentos necesarios.
• Garantizar la atención presencial a todas las personas que así lo necesiten y manifiesten: personas mayores, con discapacidad e quien está en proceso de superación de la brecha digital.
• El Banco de España debería controlar a todas las entidades de créditos rápidos que actualmente operan sin su supervisión y que encuentran clientes entre personas desesperadas.
• Es necesario que las Comunidades Autónomas dediquen recursos para actuar en contra de la exclusión financiera, así como para que dirijan recursos a los perfiles más afectados.
• Desde el ámbito de los servicios sociales locales, se deben establecer líneas de microcréditos sin intereses, asociados a personas con itinerarios de inserción sociolaboral.
• Las entidades del Tercer Sector de Acción Social deben apoyar a las personas en pobreza para mejorar su educación financiera y superar la brecha digital

Informe Inclusión financiera para el desarrollo sostenible

Presentación Informe Inclusión Financiera Graciela Malgesini