El Relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, se reúne en la sede de la Valedora do Pobo de Galicia con personas en pobreza o exclusión social para conocer sus preocupaciones y demandas.

Con motivo de la investigación que está haciendo en España para analizar la pobreza del país, el Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston y su equipo se reunieron en la sede de la Valedora do Pobo de Galicia y con personas como Pilar, Rosa, Yosehana, María Luisa, Ramiro, Hicham, Theophilus, Javier, David y Anabela quienes estuvieron transmitiendo las vivencias y preocupaciones de las persoas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social; en representación de las que participan cada año en los Encuentros de Participación y Ciudadanía Inclusiva organizados por EAPN-Galicia.

El vicepresidente de EAPN Galicia, Daniel Bóveda, valoró la importancia de esta reunión, ya que ha permitido «poner voz y cara» al estado de la pobreza en España y Galicia». Agradeció la presencia de las personas participantes, así como del personal técnico de las entidades miembro que participaron en el encuentro (ACCEM, Fundación Juan Soñador, COGAMI, Boa Vida Inclusión Activa, Alzheimer Galicia, Médicos del Mundo, Provivienda o Cáritas Tui-Vigo). Hizo un llamamiento a que la sociedad no sea cómplice de un discurso de odio que está tomando protagonismo y que busca «criminalizar a las personas que peor lo están pasando o negar la violencia de género«.

Por otro lado, la propia Valedora do Pobo y todo su equipo asistieron activamente, colaborando como moderadora durante la reunión con el Relator que continuó posteriormente desde la inquietud por conocer con más detalle los temas que habían estado tratando las persoas participantes.

"No sólo pierdes la vivienda: pierdes tu espacio, tu privacidad”. Anabela

Las preocupaciones que se trasladaron al equipo de Philip Alston fueron diversas. La falta de vivienda o la pésima habitabilidad y la falta de accesibilidad de muchas de ellas fue una constante durante toda la reunión.

Se habló de cómo la precariedad laboral incide en el derecho a la vivienda y se reivindicó la obligación de que las empresas tengan un cierto porcentaje de personas contratadas en situación o riesgo de exclusión social. Asimismo, se trasladó la existencia de una brecha salarial y de la particularidad de las trabajadoras domésticas, en su mayoría mujeres, y sus condiciones laborales.

"Gran parte de nuestro trabajo es el acompañamiento por el maltrato administrativo”. Técnica entidad social.

Las persoas participantes perceptoras de rentas mínimas, como la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA). han puesto sobre la mesa la insufieciencia de las cuantías que no permiten cubrir el coste de las necesidades básicas como la vivienda y la alimentación, especialmente para familias con hijos, niñas o personas dependientes. La dependencia del IPREM, un indicador estatal paralizado de facto desde hace casi diez años es otra de las razones de la escasez de los importes.

Sobre todo, han incidido en trabas burocráticas (hasta un año para la tramitación inical de la prestación y hasta cuatro meses para su reactivación) y la desigualdad territorial o «lotería social« entre Comunidades Autónomas. Finalmente, han añadido la existencia de aporofobia que ellos y ellas mismas perciben en el día a día.

"Yo soy un ser humano. No soy un país. No soy una frontera”. Hicham

Se reivindicó la vulnerabilidad a la que somete la Ley de extranjería a las persoas con experiencia migratoria, que las aboca a dificultades en el acceso a la educación, vivienda, empleo y sanidad. Esta situación de exclusión social, según expresaron, tiene que añadirsele al racismo, que se extiende a las instituciones, y a la violencia administrativa.

"La inexistencia de un parque de viviendas accesible impide desarrollar la vida en libertad" Susi

En cuanto a otro ámbito, en referencia a la situación de las personas con discapacidad, se ha trasladado al relator cómo la falta de accesibilidad no sólo limita el día a día, sino la libertad de elegir el lugar dónde vivir y que tanto incide en el acceso al empleo, la educación y la vivienda. Es por ello que reclamaron la necesidad de que la accesibilidad tenga presencia, de modo transversal, a la hora de diseñar la diferente normativa.

«Te acercas a la administración a pedir una ayuda de dependencia y tardan 12 meses en dartela. En lugar de ayudarte es como si te metieran en un horno a asarte«. Ramiro

La intervención de las personas participantes terminó hablando de la situación de las personas con Alzheimer y de los sistemas de dependencia y de pensiones. De este modo, todas las personas integrantes de una familia, de alguna manera, están cuidando de la persona que tiene esta enfermedad. Comentaron que las pensiones son de bajas cuantías y que si una persona quiere solicitar una prestación del sistema de dependencia, esta tardará hasta un año en concederse.

Asimismo, reivindicaron la ineficacia del diagnóstico precoz en los centros de atención primaria de salud, lo que complica la situación tanto para las personas que tienen esta enfermedad como la de su familia. También pusieron de manifiesto la escasez de recursos públicos, especialmente en el ámbito de la salud mental, que muchas veces tienen que ser suplidos por las entidades de acción social. Esta situación se ve especialmente agrabada en las personas que residen en el ámbito rural.

Según Alston, el estudio que se está realizando tiene como base los datos de la situación de pobreza en España, pues destaca que "más de una década después de la crisis financiera, y tras una impresionante recuperación económica, muchos de los indicadores de pobreza y desigualdad de España están muy por encima de los niveles anteriores a la crisis”. Las conclusiones de su investigación serán trasladadas al Gobierno de España a modo de recomendaciones, con el fin de que se emprendan iniciativas de apoyo a las personas en situación de pobreza.

Tras su visita a Galicia, Philip Alston y su equipo continuarán su estudio en el País Vasco, Extremadura, Andalucía y Cataluña. Finalmente, su estancia en España terminará el 7 de febrero en Madrid. Su informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2020.