Consideran que este tipo de ‘justificaciones’ son un insulto a las personas en situación de pobreza o exclusión social y al trabajo de profesionales de las administraciones públicas y de las ONG del Tercer Sector de Acción Social.

Desde EAPN-Galicia cren que las últimas declaraciones de algunos políticos como o alcalde de Lugo y del presidente de la Diputación de la Coruña, son intolerables. Las 125 entidades que formamos parte de la Red Gallega contra la Pobreza criticamos duramente que la defensa de algunos imputados esté baseada en justificar actuaciones como una ‘ayuda’ o ‘medidas’ para paliar la situación extrema por la que atraviesan muchas personas en Galicia.

Con este tipo de discursos se intenta disculpar ante la opinión pública unas actividades (que pueden ser constitutivas de delito) que lo único que hacen es reforzar la falsa idea de que las personas solo pueden salir de la pobreza ou de la exclusión mediante el asistencialismo o con favores. Desde la Red creemos que estas actitudes desprecian los derechos y banalizan la situación de las máis de 630.000 persoas que en Galicia viven bajo limiar de pobreza ou la exclusión y pedimos que rectifiquen estas declaraciones y pidan disculpas.

Es sorprendente y desagradable tener que recordarle a bastantes responsables políticos que las personas son objeto de derechos, que hay una Ley de Inclusión que reconoce el respecto a la dignidad de las personas y su derecho a conseguir unha inclusión activa mediante el “acceso a ingresos mínimos, acompañamento profesional (…) unido a la responsabilidad individual de no permanecer en una situación de dependencia crónica de las prestaciones públicas”.

Un reciente estudio publicado por la Comisión Europea apunta que la corrupción crecióu en los últimos años a causa de la crisis y que el 95% de los españoles considera que las prácticas corruptas son ya habituales. Non es casualidad, y así lo demuestran otros estudios que mientras crecen estas prácticas corruptas, también aumenta la pobreza (13.090.000 personas en riesgo de exclusión o pobreza en España). Una relación que por las declaraciones hechas por estas personas, lejos de desaparecer parece que deberían consolidarse, irónicamente.

Está también demostrado el drástico aumento de la desigualdad entre las personas y su relación con la complicidad del poder político con intereses económicos en detrimento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, de los procesos democráticos y de la liberdad de mercado.