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La modificación de la Ley de Inclusión Social, el apoyo a familias monoparentales, medidas específicas para la juventud y atajar la emergencia de la vivienda : retos en la reducción de la pobreza y la creciente desigualdad.

Condenar los discursos de odio que criminalizan y culpabilizan a personas en situación de pobreza es fundamental para avanzar en las políticas sociales.

 

El pasado 16 de octubre fue presentado XVI informe 'O Estado da Pobreza en Galicia’ con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Un documento referente, elaborado anualmente por EAPN Galicia, en el análisis de los principales indicadores de pobreza en Galicia en relación con el conjunto del Estado.

Esta XVI edición advierte un aumento de la pobreza de 3,3 puntos respecto al año pasado, afectando a 600.000 gallegas y gallegos, siendo la juventud el grupo de población más afectado.. El 27,6% de jóvenes 18 y 29 años están en riesgo de pobreza y exclusión social. Una de las principales causas es la dificultad para acceder a una vivienda, en este campo, el informe revela que sigue siendo uno de los factores relevantes de empobrecimiento: un 47,1% de personas que viven en alquiler están en riesgo de pobreza frente a un 15,7% que viven en propiedad. Con todo, el impacto de la pobreza no es mayor gracias al papel del Estado de bienestar: las transferencias públicas (Estado, Xunta o ayuntamientos) en Galicia evitaron que 747.000 personas entrasen en pobreza.

Retos y claves futuras para contener el crecimiento de la pobreza y desigualdad en Galicia

Con este escenario Ana Pardo, presidenta de EAPN Galicia propuso varios retos y claves para frenar este avance de la pobreza y la exclusión social en Galicia, en el cierre de la presentación. A continuación compartimos su discurso:

«Desde la misma prudencia que el año pasado ante la mejora de la mayoría de indicadores, debemos tenerla este año cuando acabamos de ver su empeoramiento.

No podemos evitar nuestra preocupación porque el 22,1% de la población gallega, 600.000 hombres y mujeres, esténn en riesgo de pobreza o exclusión, 91.000 más que en el 2024. Tampoco porque la desigualdad haya aumentado después de años de descenso.

Pero, sobre todo, nos preocupa que, de no profundizar en las políticas que han demostrado su éxito —garantía de rentas, acceso a la vivienda, empleo digno y redistribución—, podamos volver a tasas superiores al 25%.

No es casualidad. Los indicadores mejoran cuando hay voluntad política y compromiso presupuestario de las administraciones no a través del sacrificio de la ciudadanía y sobre todo de personas en situación de vulnerabilidad.

Especialmente antes de las próximas elecciones, y en un escenario de elevada inflación y graves dificultades para acceder a la vivienda, es vital defender el sistema de bienestar y ese ascensor social que para muchas personas, especialmente jóvenes está hoy averiado. Es vital también para defender nuestra democracia.

En el 2025, gracias al Estado de bienestar y a los impuestos que pagamos, se evitó que 747.000 gallegos y gallegas entraran en la pobreza. Sin el esfuerzo compartido de la Comisión Europea, Gobierno central, Xunta y muchos ayuntamientos, la tasa de pobreza se dispararía del 16 al 43,5%.

Esto demuestra lo que funciona: el crecimiento económico por sí solo no erradica la pobreza. Se necesitan medidas específicas y estructurales.

En palabras del CES Galicia «medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias, fortalecer las políticas de apoyo social, garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales y asegurar una distribución más justa de la riqueza y un empleo de calidad».

Galicia sigue estando entre las comunidades con menores tasas de pobreza infantil o desigualdad, por ejemplo. Sabemos también que funcionan medidas como la educación gratuita de 0 a 3 años, la inclusión sociolaboral de la población migrante, el enfoque social de los fondos europeos y el apoyo a las entidades del Tercer Sector.

Ante una posible reducción futura de los fondos europeos de inclusión social, la Xunta sabe que tiene de aliadas a las redes del Tercer Sector como EAPN delante de la Comisión Europea. Pero también debemos decir con la misma firmeza que, si esos fondos disminuyen, estas políticas deben seguir financiándose con fondos propios de la Xunta, diputaciones y ayuntamientos.

 

A corto plazo, en los presupuestos del 2027, reclamamos:

• Modificar la Lei de Inclusión Social para facilitar el acceso a la RISGA y su complementariedad con el IMV, avanzar hacia un sistema integrado de prestaciones durante todo el ciclo vital, y reclamar al futuro Gobierno estatal una prestación universal por crianza.
• Apoyo específico y medible a las familias monoparentales, con más de 35.000 personas en pobreza, cumpliendo por fin la Ley de Impulso Demográfico.
• Atención específica a la pobreza y a la exclusión social juvenil y al peligro de su transmisión intergeneracional.

Y, por supuesto, afrontar por fin la emergencia de la vivienda.

Es grave que el 47,1% de personas que viven en alquiler, muchas de ellas jóvenes, están en la pobreza. Que los hogares gallegos destinen ya, de media, el 31,5% de sus ingresos a la vivienda. Y que uno de cada cuatro tenga graves problemas de humedad o aislamiento térmico.

Valoramos los compromisos de la Comisión Europea, Gobierno central, Xunta y algunos ayuntamientos, pero permítanme la insolencia de recordar el significado de la palabra emergencia: "Situación de peligro o desastre que requiere acción inmediata".

Defender el derecho a una vivienda digna, apropiada y accesible obliga a las administraciones a gobernar en base a cuatro claves:

• Compromiso de presupuesto y planificación a corto, medio y largo plazo.
• Coordinación entre administraciones y dentro de cada una de ellas.
• Causas. Afrontándolas y no actuando sólo sobre las consecuencias. Con menos parches y anuncios y más medidas efectivas.
• Y Diálogo civil con las entidades sin ánimo de lucro.

En este sentido, deberíamos dar la bienvenida a las medidas anunciadas por el gobierno central, aún con años de retraso pero dudamos de su eficacia por la inseguridad que ya estamos observando.

Valoramos los compromisos de la Xunta de Galicia de aumento del parque de vivienda social o la creciente y fructífera coordinación entre las consellerías de Vivienda, Política Social y Facenda, implicando a entidades del Tercer Sector, pero nos preocupa que este compromiso se pueda estar frenando o aplazando, les recordamos que la vivienda es una cuestión de emergencia.

En los presupuestos del 2027 debería haber medidas específicas y ambiciosas de lucha contra la infravivienda y el chabolismo, dinamización de vivienda vacía, y la creación de una red de viviendas de emergencia.

En su día le agradecimos al presidente de la Xunta el compromiso de duplicar en el 2028 el parque público social, en la actualidad le pedimos que ese compromiso no se reduzca en el futuro, sino que siga creciendo. No debemos olvidar que cada día son más las personas que no pueden acceder a una vivienda digna, a un hogar.

Lamentamos que en muchos municipios se hayan perdido tres años discutiendo si tienen más o menos competencias en materia de vivienda, y que ahora viendo el sufrimiento de muchos de sus ciudadanos, se den cuenta de su evidente responsabilidad. Bienvenido sea.

Ante las próximas elecciones municipales, repetimos tres preguntas muy sencillas que deberían poder responder para merecer nuestro voto: ¿cuántas viviendas van facilitar? ¿Dónde van a estar? E ¿de qué tipo van a ser?

Finalizo. Y quizás con lo más importante.

Ninguna de las medidas y retos que tenemos por delante serán posibles si no se mantiene un clima de respeto y tolerancia.

Somos la única comunidad sin presencia institucional de partidos que promueven la violencia, el odio o la xenofobia, pero nos preocupa profundamente el incremento del discurso de odio y de la aporofobia, que culpabiliza a las personas de su pobreza y las confronta con otras personas en situación de vulnerabilidad.

Permítanme repetir lo que estamos diciendo las plataformas del Tercer Sector en toda España: «Los derechos fundamentales no pueden depender del clima político ni de quien sea la persona que necesite protección. La diferencia y la discrepancia son legítimas. La violencia y las amenazas no lo son».

Rechazamos cualquier forma de violencia, acoso o intimidación dirigida contra personas, colectivos u organizaciones.

Las entidades sociales no estamos con unos partidos ni contra otros. Estamos con los derechos. Nuestra responsabilidad es con las personas, con sus derechos y con su dignidad.

Por eso dialogamos con gobiernos, administraciones y fuerzas políticas de diferentes sensibilidades, manteniendo nuestra independencia y defendiendo los derechos humanos de todas las personas aquí y en cualquier parte del mundo, con la misma claridad, gobierne quien gobierne y afecte a quien le afecte.

Si el pueblo es quien más ordena, desde la sociedad civil organizada reclamamos a las instituciones y fuerzas políticas que sigan asumiendo su responsabilidad: reducir desigualdades, combatir la discriminación y promover el respeto y la participación de todas las personas.

Hoy más que nunca. Gracias a todas y todos por defenderlo y demostrarlo día a día.

Sigamos avanzando.»