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El XVI informe “O Estado da Pobreza en Galicia 2026”, revela que en el año 2025 la pobreza y la exclusión social aumentó 3,3 puntos afectando a 600.000 gallegos y gallegos

Este incremento en la pobreza afecta especialmente a la población joven: el 27,6% de jóvenes 18 y 29 años están en riesgo de pobreza y exclusión social.

El Estado de Bienestar evitó que 747.000 personas entrasen en pobreza.

La modificación de la Ley de Inclusión Social, el apoyo a familias monoparentales, medidas específicas para la juventud y frenar la emergencia habitacional: retos en la reducción de la pobreza y la creciente desigualdad.

Es urgente condenar los discursos de odio que alientan la violencia y criminalizan a las personas en situación de pobreza para poder avanzar en políticas sociales.

EAPN Galicia presentó el XVI informe do Estado da Pobreza en Galicia 2026 para celebrar el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, en el Concello Económico e Social de Galicia (CES). El acto contó con las intervenciones de Ana Pardo, presidenta, e a presentación do informe a cargo do director, Xosé Cuns y la responsable de investigación y autora del documento, Nerea Rivero.

Este informe forma parte del “Estado de la Pobreza 2025. Pobreza y territorio: Comunidades Autónomas y Unión Europea.” de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN España) que evalúa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, especialmente los ODS 1, que busca reducir a la mitad la pobreza en todas sus formas.

Estos últimos datos correspondientes al 2025, con toda la cautela que año tras año se muestra, empeoran rompiendo con la mejora que se experimentó el año anterior. En el 2025 el 22,1% de la población gallega estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, traducido en un total de 600.000 gallegos y gallegos, 91.000 personas más que el año anterior.

Galicia, al contrario que el año pasado, es la comunidad en la que más aumenta la tasa AROPE (personas en situación o riesgo de pobreza o exclusión social) dentro del Estado. No obstante, el nivel de la tasa gallega sigue siendo inferior al medido hasta 2023 y se mantiene 3,6 puntos por debajo del promedio estatal (25,7%). Este aumento se debe en parte a la dificultad de acceso a la vivienda -principal factor de empobrecimiento-, el aumento de la desigualdad que hasta ahora tenía una tendencia a la baja, con un aumento de 1,6 puntos en el Índice de Gini, evidenciando un fallo em la aplicación de las políticas redistributivas de renta en Galicia, sumado a un escaso impulso en las políticas sociales.

La juventud es el grupo más afectado por la pobreza

La tasa AROPE por edad experimenta un deterioro en todos los grupos respecto al último año. Especial incidencia en la juventud con un aumento de 8,8 puntos hasta alcanzar el 27,6% de personas entre 18 y 29 años que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Las principales razones de este aumento residen en la dificultad para la emancipación: el 62,7% de la población gallega de entre 18 y 34 años vivía en el hogar familiar, en la dificultad de acceso al mercado laboral con unas elevadas tasas de desempleo y mayor temporalidad y parcialidad en el trabajo y el cuidado de lasalud mental y bienestar con un 50% de las personas entre 16 y 24 años y el 38,2% de 25 y 34 años que declaran una mala o regular percepción de la misma.

Por otro lado, la tasa de pobreza infantil, que el año pasado obtuvo el porcentaje más bajo de la serie histórica, en 2025 ha aumentado 3 puntos hasta el 20,4%, siendo la comunidad en la que más aumentó en España. Con todo, sigue siendo el segundo dato más bajo de pobreza y/o exclusión social del Estado. Ud.Una de las explicaciones de la abrupta volatilidad de los datos tiene que ver con la cantidad de población infantil que se encuentra en el borde de la línea de pobreza, manteniéndose en una situación inestable.

El papel clave de las administraciones públicas: 747.000 personas en pobreza menos

Las administraciones a nivel estatal, autonómico y local juegan un papel clave en la reducción de la pobreza con sus políticas sociales y medidas de protección. De no existir ninguna transferencia pública (Estado, Xunta o ayuntamientos) en Galicia, en 2025 la situación de pobreza pasaría del 16% —tasa de pobreza actual traducida a 434.000 personas— hasta llegar al 43,5% con un total de 1.181.000 personas (27,5 puntos de diferencia). Gracias a esas transferencias 747.000 gallegas y gallegos no entran en la pobreza.

Manteniendo sólo las pensiones de jubilación y supervivencia, sin otras transferencias ni medidas contra la pobreza y la exclusión social, la tasa de pobreza alcanzaría el 22,8% de la población gallega, equivalente a 619.000 personas en pobreza, unas 185.000 personas más. Dato que lo reafirma la importancia del sistema de protección más allá de las pensiones.

Mención especial merece la mejora de las pensiones: en 2025 casi la mitad de las pensiones que se repartieron en Galicia, un 45,9% del total, es decir, 361.800, se caracterizó por una cantidad que no superaba el umbral de pobreza, es decir, inferiores a los 873 euros mensuales en 14 pagas. Esta proporción es 2,0 puntos inferior que el año anterior (47,9%). Finalmente, debe destacarse que el 19,9% de las pensiones están por debajo del umbral de pobreza severa (renta inferior a 582 € en 14 pagas en 2025), lo que en términos absolutos se traduce en 156.646 pensiones.

En la contención de la pobreza, los municipios también tienen capacidad de invertir en políticas públicas. En este ámbito, existen algunas diferencias entre los siete municipios en términos de inversión en gasto social. Así, A Coruña, Lugo y Ferrol son las ciudades gallegas que encabezan la lista con mayor gasto social por habitante, por contra, Vigo, Pontevedra y Ourense son los que menos. No obstante, Santiago de Compostela y Pontevedra son los municipios donde crece este gasto respecto al año anterior a diferencia del resto, que disminuye.

El aumento de la renta media y las políticas sociales son insuficientes

La renta media en Galicia en 2025 era de 15.467€ por persona, 153€ menos que la renta media nacional, con un aumento de 909 € con respecto al 2024. Desde 2008 la renta nominal media por persona en Galicia ha crecido desde 9.482 € hasta los 15.467 €, es decir, aumentó en 5.985 €. Sin embargo si se tiene en cuenta la variación del coste de la vida actualizando con el IPC, es evidente que, en términos de 2008, su valor real no ha mejorado tanto: la renta media por persona deflactado este año es de 11.208€, por lo tanto, el aumento real de los ingresos desde el año 2008 hasta 2025 en Galicia es de 1.726€.

El gasto en políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) de todas las comunidades autónomas en 2025 supuso que el 59,5% de sus presupuestos totales (+ 0,4 puntos que el año anterior), cifra 2,8 puntos inferior a la registrada en Galicia que fue de 62,3% (0,5 puntos menos que el año anterior).

A pesar de que respecto al año anterior hubo un ligero incremento en el presupuesto para algunas prestaciones sociales, en Galicia se analizan los tres tipos de prestaciones (protección a la familia, garantía de ingresos y vivienda) alcanzan una proporción menor que a nivel estatal, un resultado que ya ocurrió el año anterior. Asimismo, se puede observar un estancamiento de las ayudas a la vivienda en Galicia.

Con respecto a las rentas de garantía de ingresos, a pesar de no eliminar la renta autonómica en Galicia (RISGA), entre junio de 2020 y octubre de 2023, prácticamente la mitad de las perceptoras de rentas mínimas dejaron de percibirlas, pasando de 9.821 a 4.927 personas, es decir, 4.894 personas menos. Además, a nivel estatal el IMV mantiene una tasa de non take-up (personas que teniendo derecho a una prestación no la solicitan) en 55%, esto es, 3,6 puntos menos que en Galicia, donde esta tasa alcanza el 58,6%.

Aumenta la pobreza severa y empeoran 12 ítems de la Carencia Material Social y Severa

La tasa de pobreza severa, entendida como vivir con un máximo de 679 €/mes para un hogar con una sola persona y con 1.426 €/mes para un hogar con 2 adultos y 2 niñas o niños, experimentó un aumento de 0,6 puntos alcanzando el 6,5% en 2025, afectando a un total de 176.000 personas. La mayor concentración se registra en hombres (7,1%) por encima de las mujeres (5,9%) y con una mayor incidencia en menores de 18 años, familias sin hijos a cargo y personas que viven de alquiler.

En referencia a otro de los componentes que forman parte de la tasa AROPE , la Carencia Material Social y Severa (CMSS), el informe advierte del empeoramiento de 12 de los 13 elementos que lo componen. Los más destacables son el porcentaje de la población gallega que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, que aumentó 1,6 puntos respecto al año anterior, ascendiendo al 5,5%; aquellos que afirman no tener la capacidad de afrontar gastos imprevistos, el 29,6%; y retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o compras a prazos que aumenta a 8,5%.

La vivienda sigue siendo un factor de empobrecimiento

El acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible sigue siendo una de las principales dificultades, generadora de pobreza, que afecta a una gran parte de la población. Los hogares gallegos por primera vez, desde el COVID-19 han alcanzado el pico más alto de gasto medio en vivienda sobre el gasto total de los hogares, ascendiendo al 31,5%.

Continúa la tendencia de una brecha significativa entre las personas que viven de alquiler y las que viven en propiedad, cada vez más acusada. Un 47,1% de las personas que viven en alquiler están en riesgo de pobreza frente a un 15,7% que viven en propiedad. Este dato muestra el aumento constante de los precios del alquiler que impacta principalmente en la población en situación de pobreza y que dificulta aún más la emancipación de la juventud.

La relación entre pobreza y vivienda no se limita únicamente al acceso o al coste económico, sino también se manifiesta en las condiciones de habitabilidad en las que se encuentra dicha vivienda. En este sentido, el informe resalta que el 24,8% de los hogares declara tener humedades en su vivienda y 15,3% deficiencias en el aislamiento térmico o acústico y el 16,3% de la población gallega no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Aunque este último porcentaje mejoró respecto al año anterior, sigue estando elevado, siendo uno de los ítems más altos de la CMSS.

A pesar de que estas deficiencias en la habitabilidad de la vivienda se intentaron mitigar con la ayuda de los fondos Next Generation y Fondos Europeos para la rehabilitación y la eficiencia energética, aún queda mucho por avanzar para garantizar que lleguen principalmente a aquellos hogares en situación de pobreza o exclusión social, que ven agravados este tipo de problemáticas

Claves y retos de futuro para la lucha contra la pobreza y la exclusión social

«Nos preocupa que, de no profundizar en las políticas que han demostrado su éxito - garantía de ingresos, acceso a la vivienda, empleo digno y redistribución—, podamos volver a tasas superiores al 25%». Estas son las palabras con las que daba inicio Ana Pardo, presidente de EAPN Galicia su intervención, mostrando una preocupación por el empeoramiento de los datos respecto al año pasado. «Los indicadores mejoran cuando hay voluntad política y compromiso presupuestario de las administraciones, no mediante el sacrificio de la ciudadanía» continuó apelando a las administraciones estatales, autonómicas y locales como responsables y garantes de la eficacia de las medidas de protección y atención a las personas.

En este empeoramiento de los datos, es inminente la urgencia de activar las medidas que ya se demandaron el año pasado como la modificación de la Ley de Inclusión Social para garantizar la RISGA y su complementariedad con el IMV, el apoyo específico y medible para las familias monoparentales, con más de 35.000 personas en pobreza, cumpliendo finalmente con la Ley de Impulso Demográfico y la atención específica a la pobreza juvenil y la exclusión social y al peligro de su transmisión intergeneracional. Sin olvidarnos de la emergencia habitacional.

En este último reto hay cuatro claves a tener en cuenta por las administraciones «Compromiso presupuestario y planificación a corto plazo., mediano y largo plazo, docoordinación entre administraciones y Diálogo Civil con entidades sin ánimo de lucro» sugirió Ana Pardo.. Sucesivamente, pidió ser incluido en los presupuestos de 2027, Medidas específicas y ambiciosas para luchar contra las subviviendas y los barrios marginales., revitalización de viviendas vacías, y la creación de una red de viviendas de emergencia.

Ninguna de las medidas y desafíos pendientes será posible si no se condena el discurso de odio

Para finalizar, destacó la importancia de un clima de tolerancia y respeto que contribuya a una convivencia normal, que no culpe ni criminalice a las personas en situación de pobreza para seguir avanzando en las medidas de reducción de la pobreza . Malia que en Galicia sigue sin tener representación institucional de partidos que promueven abiertamente la violencia, odio la xenofobia, el discurso impregna. «Estamos profundamente preocupados por el aumento del discurso de odio y la aporofobia., que culpa a las personas por su pobreza y las enfrenta a otras personas en una situación de vulnerabilidad», remordimientos.

Ante los recientes y continuos ataques a entidades, grupos vulnerables e incluso representantes políticos, el presidente reafirmó el total rechazo a «cualquier forma de violencia, acoso o intimidación dirigido contra personas, grupos u organizaciones». Concluyó recogiendo lo que se viene proclamando en todas las entidades del Tercer Sector de Acción Social en todo el Estado «Los derechos fundamentales no pueden depender del clima político o de quién sea la persona que necesita protección. La diferencia y la discrepancia son legítimas. La violencia y la amenaza no son hijas de».